Sin buena gobernanza y políticas publicas no es posible proteger y respetar de manera sostenible los derechos humanos, por eso proponemos:

1. Instituciones democráticas

Las reformas de las instituciones democráticas están orientadas a mejorar su gobernanza generan oportunidades para que la ciudadanía pueda participar activamente en la formulación de políticas, ya sea mediante instituciones formales o consultas abiertas. Esas medidas también crean dispositivos que permiten la integración de muchos grupos sociales en los procesos de toma de decisión. Por último, esas reformas pueden alentar a la sociedad civil y las comunidades locales a que se manifiesten e involucren.

2. Gestión de los servicios públicos

Los servicios que el Estado presta a la población, las reformas encaminadas a mejorar la gobernanza, al aumentar la capacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad de proporcionar bienes públicos esenciales, tales como el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma pueden comprender mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, herramientas políticas de sensibilidad cultural que aseguren que los servicios son accesibles y aceptables para todos, y vías para fomentar la participación de la población en la toma de decisiones.

3. Estado de Derecho

Las iniciativas de reforma legislativa y consolidación institucional basada en la persona abarcan desde la mejora del sistema penal hasta los tribunales y parlamentos, con miras a perfeccionar la aplicación de la ley. Las iniciativas orientadas a mejorar la gobernanza pueden incluir la promoción de reformas legislativas, el fomento de la sensibilización pública hacia el marco jurídico nacional e internacional, el aumento de capacidades o la reforma institucional.

4. Anticorrupción

Los esfuerzos orientados a mejorar la gobernanza se basan en principios tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía, que permiten elaborar medidas preventivas. Además de reforzar y promover la meritocracia en las instituciones tales como las comisiones anticorrupción, los mecanismos de intercambio de información, el monitoreo del uso de los fondos públicos y la ejecución de políticas a cargo del gobierno.

Nos preocupa:

El sistema electoral

El sistema electoral sigue siendo un tema de alto interés político. Sin determinación normativa, la forma como se eligen autoridades públicas dicen que aseguran la democracia moderna; y la reforma política equivale o se reduce en muchos discursos políticos. Al mismo tiempo, el sistema electoral continúa siendo un gran desafío para la ciencia política, pues permanecen varias debilidades, sobre todo, conceptuales y clasificatorias. En la medida que el sistema electoral ha evolucionado hacia constituir un creciente objeto de jurisdicción constitucional, este desafío atañe también al derecho constitucional, pues el juez electoral o constitucional requiere ser un especialista del sistemática electoral para el cumplimiento eficiente y eficaz de su función, a veces en condiciones en que no existen normas constitucionales o legales claras en las que sostenerse.

La participación de la mujer en política

Las Naciones Unidas nos dice que desde el Plan de Acción de Beijing, la representación de las mujeres en los parlamentos y sus repercusiones para la toma de decisiones políticas ha sido objeto de una gran atención. La Unión Interparlamentaria (UIP), que se ha dedicado a la investigación y la recopilación de datos sobre las mujeres en los parlamentos, respaldó las iniciativas de las Naciones Unidas para lograr la participación plena de las mujeres en la política. Aunque formulado en numerosas ocasiones, el compromiso de la UIP se reflejó posiblemente mejor en su declaración de 1992: "El concepto de democracia sólo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de las dos mitades de la población."